Destacan a Puerto Valparaíso como la empresa regional con mayor cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Como parte del control permanente que realiza a las distintas entidades del Estado, el Consejo para la Transparencia (CPLT) fiscalizó a 30 empresas públicas, entre el 5 y el 7 de marzo de este año. Los resultados se conocieron hace pocos días y arrojaron sorpresivas conclusiones, entre ellas que el promedio de transparencia activa en las entidades pesquisadas fue de apenas un 78,52%, 18 puntos menos que el gobierno central.

Pero también hubo muy buenos resultados. Una de ellas fue Empresa Portuaria Valparaíso, la cuarta a nivel nacional en materia de transparencia, la portuaria mejor posicionada en el ranking y la primera de regiones, con un cumplimiento del 91,35% de lo exigido por el instructivo general N° 5 sobre Transparencia Activa para Empresas Públicas.

Según Harald Jaeger, gerente general de EPV, “esta positiva noticia, que sitúa a Puerto Valparaíso en la parte alta de las instituciones públicas con mayor cumplimiento, es un respaldo a la forma en que informamos a la comunidad sobre nuestra gestión. El alto cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Transparencia da cuenta del compromiso de nuestra empresa con la ciudadanía y con Valparaíso”.

En un contexto en que los mercados evolucionan, la tecnología avanza y la sociedad civil exige cada vez mayor transparencia a las empresas, resulta clave poner a disposición de la comunidad información relevante sobre los estados financieros, la organización, funciones y competencias de la empresa. “Lo anterior se traduce en una mejora en la percepción que la ciudadanía tiene respecto de la gestión de EPV, dándole una mayor credibilidad y confianza a la empresa, sus concesionarios y a todos los operadores de la comunidad portuaria”, agrega el ejecutivo.

De acuerdo a Jaeger, “el deber de transparencia se encuentra internalizado en la estructura de Puerto Valparaíso”, considerando que además de la fiscalización que realiza el CPLT, hay controles por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros y la Contraloría General de la República.

“En ese sentido, nuestra responsabilidad no sólo se limita a publicar la información y actualizarla mes a mes, sino además se vincula con establecer procedimientos, instancias y responsabilidades que permitan que la información pueda fluir hacia la autoridad, el público, las comunidades y al mercado”, explica el gerente general.

Pese al buen porcentaje arrojado en esta fiscalización, la idea de la portuaria regional es seguir aumentando el grado de cumplimiento, a través de autoevaluaciones y una mejora continua, más allá de lo dispuesto en la Ley de Transparencia, incluyendo –por ejemplo-, la aplicación de las recomendaciones de la OCDE en materia de divulgación de información y transparencia.